El especialista en Derecho Pablo Schiavi advirtió que las nuevas tecnologías de seguridad deben contar con límites, controles y garantías para proteger los datos personales.
La implementación de arcos digitales, cámaras de reconocimiento facial, lectoras de matrículas y sistemas de rastreo de celulares abrió un nuevo debate sobre la privacidad en Uruguay.
El Ministerio del Interior avanza en la incorporación de estas herramientas para reforzar la seguridad pública. Sin embargo, especialistas reclaman información clara sobre su funcionamiento, el destino de los datos y los organismos responsables de controlar su uso.
El docente e investigador en Derecho Pablo Schiavi analizó el tema en una entrevista con FM GENTE y advirtió sobre los riesgos de una vigilancia indiscriminada.
Qué información recogerán los arcos digitales
Los nuevos sistemas permitirán registrar los vehículos y las personas que circulen por los puntos donde sean instalados.
Según explicó Schiavi, la capacidad tecnológica podría ir más allá de la lectura de matrículas y permitir obtener información del interior de los vehículos.
Para el especialista, el principal interrogante consiste en determinar hasta dónde puede avanzar el Estado en nombre de la seguridad pública.
Además, sostuvo que estas herramientas no deberían funcionar como un “cheque en blanco” que habilite la recolección masiva de datos sin límites claros.
Los ciudadanos pueden consultar qué datos tiene el Estado
Schiavi señaló que cualquier ciudadano tiene derecho a preguntar al Ministerio del Interior si conserva información sobre su persona.
También puede consultar qué datos fueron registrados, con qué finalidad serán utilizados y durante cuánto tiempo permanecerán almacenados.
El especialista consideró que esta discusión adquiere mayor relevancia debido a los ataques informáticos sufridos por organismos públicos uruguayos.
Una eventual filtración podría exponer grandes cantidades de información personal.
Reclaman controles y garantías judiciales
El docente recordó que en otros países estas tecnologías suelen reservarse para investigaciones concretas, como la búsqueda de una persona secuestrada o la persecución de un delito.
En cambio, cuestionó que el registro pueda aplicarse de manera permanente sobre todas las personas que circulen por un lugar.
También afirmó que una intervención judicial podría ofrecer mayores garantías.
Según explicó, el problema no radica en utilizar tecnología para combatir el delito, sino en hacerlo de forma indiscriminada y sin controles suficientes.
Temor a una expansión del sistema
Schiavi comparó el posible crecimiento de los arcos digitales con la expansión de los radares de tránsito.
Los primeros dispositivos podrían instalarse en puntos específicos, pero luego extenderse a numerosas rutas nacionales.
El avance de la inteligencia artificial también aumenta las preocupaciones.
El especialista advirtió que los sistemas podrían llegar a identificar rostros y reconstruir en pocos segundos el recorrido diario de una persona.
El sistema también registrará a extranjeros
Los dispositivos no diferenciarán entre ciudadanos uruguayos y extranjeros.
Toda persona que circule por los lugares donde funcionen los arcos digitales quedará alcanzada por el registro.
Por ese motivo, Schiavi reclamó que las autoridades expliquen el alcance de la tecnología y las garantías previstas para todas las personas.
Piden mayor información oficial
El docente consideró necesario que el Ministerio del Interior informe quién administrará los datos, durante cuánto tiempo los conservará y qué medidas aplicará para evitar filtraciones.
También pidió conocer qué organismo controlará el sistema y quién asumirá la responsabilidad ante un eventual uso indebido.
Para Schiavi, la información registrada no pertenece al Ministerio del Interior, sino a los ciudadanos.
Por lo tanto, entiende que el Estado debe explicar qué garantías ofrecerá para protegerla.