El Gobierno argentino modificó por decreto la Ley de Migraciones. La nueva disposición permite impedir ingresos o cancelar residencias ante mensajes de odio o conductas contra el país, sus ciudadanos y sus símbolos.
El presidente argentino, Javier Milei, firmó un decreto que incorpora nuevas causales para impedir el ingreso o disponer la expulsión de ciudadanos extranjeros.
La normativa alcanza a quienes promuevan mensajes de odio o actos considerados hostiles contra Argentina, sus ciudadanos, su cultura, su identidad nacional o sus símbolos.
También permite cancelar residencias que ya habían sido concedidas.
Qué cambia con el nuevo decreto
La medida incorpora un nuevo criterio al artículo 29 de la Ley de Migraciones, que establece las causas por las cuales una persona extranjera puede ser rechazada al intentar ingresar al país.
Además, las autoridades migratorias podrán revisar la permanencia de quienes ya residan en Argentina.
El decreto apunta a expresiones orales o escritas y a otras conductas que el Gobierno considere hostiles o de menosprecio hacia el país y su población.
El Gobierno habló de un aumento de los mensajes de odio
En los fundamentos de la decisión, el Ejecutivo sostuvo que aumentaron los mensajes de odio y los actos de hostilidad dirigidos contra el pueblo argentino, su cultura y su identidad.
Según el Gobierno, esas conductas pueden perjudicar la convivencia y afectar la paz social.
La Oficina del Presidente defendió la medida y señaló que quienes ataquen a Argentina no serán bienvenidos en el país.
Las críticas políticas no quedarían incluidas
El texto diferencia los mensajes de odio de las expresiones de disenso político, académico o ciudadano.
De acuerdo con la normativa, las opiniones críticas continuarán amparadas por las garantías constitucionales y la libertad de expresión.
Sin embargo, la medida abrió un debate sobre cómo se determinará cuándo una crítica constituye una expresión legítima y cuándo puede ser considerada un acto de hostilidad.
La decisión se conoce tras la polémica por el Mundial
El decreto fue publicado después de la controversia generada tras la final del Mundial de fútbol de 2026, en la que Argentina perdió ante España.
Desde entonces, el Gobierno de Milei denunció la existencia de una supuesta campaña internacional contra el país, aunque no presentó pruebas públicas concluyentes sobre esa acusación.
El presidente argentino señaló a los gobiernos de Brasil y México, así como al Partido Demócrata de Estados Unidos. México rechazó públicamente cualquier participación.
Una política migratoria cada vez más restrictiva
La nueva disposición forma parte de un endurecimiento más amplio de la política migratoria argentina.
Durante los últimos años, el Gobierno modificó los requisitos de ingreso y permanencia, agilizó procedimientos de expulsión y trasladó el área migratoria hacia una estructura dependiente del Ministerio de Seguridad.
Organizaciones de derechos humanos y especialistas cuestionaron algunas de estas medidas por considerar que podrían afectar garantías fundamentales y requerir un debate legislativo