La Cámara de Representantes adjudicó un concurso de precios para comprar hasta 600 obsequios institucionales: sets de parrilla (tabla de madera o bambú más cuchillo y tenedor, con estuche o faja símil cuero). La compra se fijó en $ 793 por unidad (IVA incluido), por un total de hasta $ 475.800.
El trámite figura como Concurso de Precios N.º 17/2025, con resolución adoptada el 9 de diciembre de 2025 y sujeta a la intervención preventiva del Tribunal de Cuentas, según reportó la prensa.
A quiénes se destina y quién ganó la compra
De acuerdo con lo informado, los sets se destinarán como regalo de fin de año para diputados, funcionarios, personal policial que cumple tareas en el Parlamento y efectivos del Batallón Florida vinculados al servicio en la Cámara.
El concurso recibió siete ofertas; la mayoría quedó descartada por no cumplir requisitos del pliego. Finalmente, se adjudicó a Lincoln’s (Carlex S.A.), considerada la opción más conveniente tras el análisis técnico-administrativo.
La polémica: no es el monto, es el mensaje
En términos de presupuesto nacional, $ 475.800 no “mueve la aguja”. El punto sensible es otro: la repetición de gastos de baja prioridad que, sumados, consolidan la percepción de que parte de la dirigencia política administra las arcas públicas con lógica de confort interno, más que con una lógica de resultados o austeridad.
La discusión escaló cuando el senador Sebastián Da Silva criticó la iniciativa en redes, y el tema se amplificó con publicaciones de otros legisladores.
Desde la Presidencia de la Cámara, Sebastián Valdomir defendió la elección del obsequio alegando que se consideraron regalos de años anteriores, el presupuesto disponible y la intención de que fuese un presente “perdurable”, además de señalar que se siguieron los procedimientos de compra.
Lo que falta para despejar dudas (y reducir el costo político)
Aunque el proceso se encuadre en normas y controles, el estándar ciudadano hoy exige algo más que “cumplimos el procedimiento”. Si el Parlamento quiere evitar que cada compra se convierta en símbolo de privilegio, hay tres preguntas básicas que debería responder de forma proactiva:
- Criterio de asignación: cuántos sets van a cada grupo (diputados, funcionarios, policías, Batallón Florida) y bajo qué criterio.
- Justificación pública: por qué este tipo de obsequios aporta valor institucional y cuál es el objetivo concreto (protocolo, representación, reconocimiento).
- Transparencia del expediente: acceso simple al expediente completo, el pliego y la evaluación comparada de ofertas (más allá del resumen).
En un contexto donde el gasto público convive con demandas sociales y reclamos de servicios, estas compras —por pequeñas que sean— operan como un test de sensibilidad política: no por el costo contable, sino por el costo reputacional. Y, sobre todo, por la señal que se envía cuando la austeridad se exige hacia afuera, pero se relativiza hacia adentro.
